(7) En consecuencia, la prestación transfronteriza de servicios en línea accesorios a las emisiones, y las retransmisiones de programas de radio y televisión procedentes de otros Estados miembros, deben facilitarse a través de una adaptación del marco jurídico sobre el ejercicio de los derechos de autor y los derechos afines pertinentes para esas actividades. Dicha adaptación debe hacerse teniendo en cuenta la financiación y la producción de contenidos creativos y, en particular, de obras audiovisuales.
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(10) Habida cuenta de las especificidades de los mecanismos de financiación y concesión de licencias para determinadas obras audiovisuales, que a menudo se basan en licencias territoriales exclusivas, conviene, por lo que se refiere a los programas de televisión, limitar el ámbito de aplicación del principio del país de origen establecido en la presente Directiva a determinados tipos de programas. Esos tipos de programas incluyen los programas de noticias y actualidad, así como las producciones propias de un organismo de radiodifusión financiadas exclusivamente por este, incluso cuando los fondos para la financiación utilizados por el organismo de radiodifusión para sus producciones proceden de fondos públicos. A efectos de la presente Directiva, debe entenderse por producciones propias de los organismos de radiodifusión las producciones realizadas por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios recursos, pero excluidas las producciones encargadas por el organismo de radiodifusión a productores que sean independientes del organismo de radiodifusión y las coproducciones. Por las mismas razones, el principio del país de origen no debe aplicarse a las emisiones televisivas de acontecimientos deportivos en virtud de la presente Directiva.
El principio del país de origen debe aplicarse únicamente cuando el organismo de radiodifusión utilice los programas en sus propios servicios accesorios en línea.
No debe aplicarse a la concesión de licencias, para producciones propias de un organismo de radiodifusión, a terceros, incluidos otros organismos de radiodifusión.
El principio del país de origen no debe afectar a la libertad de los titulares de derechos y de los organismos de radiodifusión para acordar, de conformidad con el Derecho de la Unión, limitaciones, incluidas limitaciones geográficas, a la explotación de sus derechos.
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(12) Dado que, en virtud de la presente Directiva, se considera que la prestación de un servicio_accesorio_en_línea, el acceso a él o su utilización, se produce únicamente en el Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión tiene su establecimiento principal, mientras que, de facto, el servicio puede ser prestado a través de las fronteras a otros Estados miembros, es preciso garantizar que al determinar el importe del pago que deba abonarse por los derechos de que se trate, las partes tengan en cuenta todos los aspectos del servicio_accesorio_en_línea, tales como las características del servicio, incluida la duración de la disponibilidad en línea de los programas comprendidos en el servicio, la audiencia, incluida la audiencia en el Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión tenga su establecimiento principal y en otros Estados miembros en que se acceda al servicio_accesorio_en_línea y se utilice, así como las versiones lingüísticas que se proporcionen.
No obstante, debe seguir siendo posible el uso de métodos específicos para calcular el importe que debe abonarse por los derechos sujetos al principio de país de origen, tales como los métodos que se basan en los ingresos del organismo de radiodifusión generados por el servicio en línea, usados en particular por los organismos de radiodifusión radiofónica.
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(13) Habida cuenta del principio de libertad contractual, seguirá siendo posible continuar limitando la explotación de los derechos afectados por el principio del país de origen establecido en la presente Directiva, siempre que toda limitación sea conforme al Derecho de la Unión.
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(15) Para retransmitir las transmisiones iniciales de programas de radio y televisión, los operadores de servicios de retransmisión tienen que obtener una autorización de los titulares del derecho exclusivo de comunicación al público de obras u otras prestaciones protegidas. A fin de proporcionar seguridad jurídica a los operadores de servicios de retransmisión y superar las disparidades existentes en Derecho nacional relativas a este tipo de servicios de retransmisión, procede aplicar normas similares a las que se aplican a la distribución por cable tal como se define en la Directiva 93/83/CEE.
Las normas en virtud de esa Directiva incluyen la obligación de ejercer el derecho de conceder o denegar la autorización a un operador de un servicio de retransmisión a través de una entidad de gestión colectiva.
En virtud de dichas normas, permanece inalterado el derecho a conceder o denegar una autorización propiamente dicho, y solo se regula en cierta medida el ejercicio de dicho derecho. Los titulares de derechos deben recibir una remuneración adecuada por la retransmisión de sus obras y otras prestaciones protegidas. A la hora de determinar unas condiciones razonables de concesión de licencias, incluidos los derechos de licencia, para una retransmisión de conformidad con la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), debe tenerse en cuenta, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, incluido el valor asignado a los medios de retransmisión.
Ello debe entenderse sin perjuicio del ejercicio colectivo del derecho a una remuneración equitativa y única para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas por la comunicación al público de fonogramas comerciales, tal como se establece en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, ni de la Directiva 2014/26/UE, en particular de sus disposiciones relativas a los derechos de los titulares en lo que respecta a la elección de una entidad de gestión colectiva.
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(20) Con el fin de garantizar que exista seguridad jurídica y de mantener un alto nivel de protección de los titulares de derechos, conviene prever que, cuando los organismos de radiodifusión transmitan sus señales portadoras de programas por inyección_directa únicamente a los distribuidores de señales sin transmitir directamente sus programas al público, y los distribuidores de señales las envíen esas señales portadoras de programas a sus usuarios para que puedan ver o escuchar los programas, se considere que solo se produce un acto único de comunicación al público, en el que tanto los organismos de radiodifusión como los distribuidores de señales participan con sus contribuciones respectivas. Los organismos de radiodifusión y los distribuidores de señales deben, por lo tanto, obtener la autorización de los titulares de derechos para su contribución específica al acto único de comunicación al público. La participación de un organismo de radiodifusión y un distribuidor de señales en dicho acto único de comunicación al público no debe dar lugar a la responsabilidad solidaria del organismo de radiodifusión y del distribuidor de señales para dicho acto de comunicación al público. Los Estados miembros deben seguir pudiendo establecer a escala nacional las modalidades de obtención de la autorización para tal acto único de comunicación al público, incluidos los pagos pertinentes que deban abonarse a los titulares de derechos, teniendo en cuenta la explotación respectiva de las obras y otras prestaciones protegidas por parte de los organismos de radiodifusión y los distribuidores de señales en relación con dicho acto único de comunicación al público.
Los distribuidores de señales se enfrentan, de manera similar a los operadores de servicios de retransmisión, a una carga significativa para la obtención de derechos, salvo por lo que respecta a los derechos en poder de los organismos de radiodifusión.
Por lo tanto, debe permitirse a los Estados miembros disponer que los distribuidores de señales también se beneficien de un mecanismo de gestión colectiva obligatoria de los derechos para sus transmisiones de la misma manera y en la misma medida que los operadores de servicios de retransmisión para las retransmisiones contempladas en la Directiva 93/83/CEE y en la presente Directiva.
En los casos en que los distribuidores de señales se limiten a proporcionar a los organismos de radiodifusión medios técnicos, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para garantizar que se recibe la emisión o mejorar la recepción de esta, no debe considerarse que los distribuidores de señales participan en un acto de comunicación al público.
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