keyboard_tab REGIS - Reg. Intermediation Services 2019/1150 ES

(2) Los servicios_de_intermediación_en_línea pueden ser cruciales para el éxito comercial de las empresas que los utilizan para llegar a los consumidores.

  Por tanto, a fin de aprovechar plenamente las ventajas de la economía de plataformas en línea, es importante que las empresas puedan confiar en los servicios_de_intermediación_en_línea con los que entablan relaciones comerciales.

  Esta importancia reside principalmente en que la creciente intermediación de las transacciones a través de servicios en línea, fortalecida por potentes efectos de red indirectos basados en datos, conduce a que los usuarios profesionales —incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas— dependan cada vez más de tales servicios para llegar a los consumidores.

  A causa de esa dependencia cada vez mayor, los proveedores de los servicios_de_intermediación_en_línea a menudo cuentan con una superior capacidad de negociación, lo que les permite, en efecto, actuar unilateralmente de una manera que puede ser injusta y perjudicar a los intereses legítimos de los usuarios profesionales y, de modo indirecto, también de los consumidores de la Unión.

  Por ejemplo, podrían imponer unilateralmente a los usuarios profesionales prácticas que se desvían considerablemente de las buenas conductas comerciales o son contrarias a la buena fe y a la lealtad de las relaciones comerciales.

  El presente reglamento da respuesta a esas posibles fricciones en la economía de plataformas en línea.

(7) Debe establecerse un conjunto específico de normas obligatorias a nivel de la Unión para garantizar un entorno comercial dentro del mercado interior en línea que sea equitativo, predecible, sostenible y confiable.

  En concreto, los usuarios profesionales que recurren a los servicios_de_intermediación_en_línea deben contar con la transparencia adecuada y con posibilidades de reclamación efectiva en toda la Unión, a fin de facilitar las actividades comerciales transfronterizas dentro de la Unión, mejorando así el correcto funcionamiento del mercado interior, y contrarrestar la fragmentación que pudiera surgir en sectores específicos a los que se aplica el presente reglamento.

(8) Dicha normativa también debe ofrecer incentivos adecuados para promover la equidad y la transparencia, especialmente en cuanto a la clasificación de los usuarios de sitios web corporativos en los resultados de búsqueda generados por los motores de búsqueda en línea.

  Al mismo tiempo, tales normas deben reconocer y proteger la sustancial capacidad innovadora de la economía más amplia de las plataformas en línea y permitir una competencia sana que se traduzca en una oferta más variada para el consumidor.

  Conviene precisar que el presente reglamento se entiende sin perjuicio del Derecho civil nacional, en particular al Derecho contractual, por ejemplo las normas sobre la validez, conclusión, efectos o resolución de contratos, en la medida en que las normas del Derecho civil nacional sean conformes con el Derecho de la Unión y en que los aspectos pertinentes no sean objeto del presente reglamento.

  Los Estados miembros deben conservar la facultad de aplicar la normativa nacional que prohíbe o sanciona comportamientos unilaterales o prácticas comerciales desleales en la medida en que los aspectos pertinentes no sean objeto del presente reglamento.

(9) Puesto que los servicios_de_intermediación_en_línea y los motores de búsqueda en línea suelen presentar una dimensión mundial, el presente reglamento debe aplicarse a los proveedores de esos servicios con independencia de que estén establecidos en un Estado miembro o fuera de la Unión, siempre y cuando se cumplan dos condiciones acumulativas.

  En primer lugar, los usuarios profesionales o los usuarios de los sitios web corporativos deben estar establecidos en la Unión.

  En segundo lugar, los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos deben ofrecer, a través de la prestación de tales servicios, sus bienes o servicios a consumidores situados en la Unión, al menos, durante parte de la transacción.

  Con el fin de determinar si los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos ofrecen bienes o servicios a consumidores situados en la Unión, debe determinarse si resulta manifiesto que los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos dirigen sus actividades a consumidores situados en uno o varios Estados miembros.

  Este criterio debe interpretarse con arreglo a la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al artículo 17, apartado 1, letra c), del reglamento (CE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y al artículo 6, apartado 1, letra b), del reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

  Si bien los consumidores han de estar situados en la Unión, no necesitan residir dentro de ella ni tener la nacionalidad de un Estado miembro.

  Así, el presente reglamento no debe aplicarse si los usuarios profesionales o los usuarios de sitios web corporativos no están establecidos en la Unión, ni si lo están, pero usan los servicios_de_intermediación_en_línea o los motores de búsqueda en línea para ofrecer bienes o servicios exclusivamente a consumidores situados fuera de la Unión o a personas que no son consumidores.

  Asimismo, el presente reglamento debe aplicarse con independencia de la normativa que, por lo demás, se aplique a un contrato.

(10) Una gran variedad de relaciones de empresas a consumidores está intermediada por proveedores que operan servicios polifacéticos, fundamentalmente basados en el mismo modelo comercial de consolidación de ecosistemas.

  A fin de abarcar los servicios pertinentes, se han de definir los servicios_de_intermediación_en_línea de manera precisa y tecnológicamente neutra.

  En concreto, debe tratarse de servicios de la sociedad de la información, caracterizados porque buscan facilitar el inicio de transacciones directas entre usuarios profesionales y consumidores, con independencia de que las transacciones se completen en última instancia en línea -en el portal electrónico del proveedor de los servicios_de_intermediación_en_línea en cuestión o en el del usuario_profesional-, o fuera de línea, o de que no lleguen a completarse, es decir, que no debe exigirse una relación contractual entre los usuarios profesionales y los consumidores como condición previa para que los servicios_de_intermediación_en_línea estén comprendidos en el ámbito de aplicación del presente reglamento.

  La mera inclusión de un servicio de carácter únicamente marginal no debe llevar a la conclusión de que el objetivo de un sitio web o servicio sea facilitar las transacciones en el mismo sentido que los servicios_de_intermediación_en_línea.

  Asimismo, los servicios deben prestarse sobre la base de relaciones contractuales entre los proveedores y los usuarios profesionales que ofrecen bienes o servicios a los consumidores.

  Ha de considerarse que existe dicha relación contractual si ambas partes expresan su intención de estar vinculadas de manera inequívoca en un soporte_duradero, sin necesidad de un acuerdo expreso por escrito.

(11) Por tanto, entre los servicios_de_intermediación_en_línea contemplados por el presente reglamento se incluyen los mercados de comercio electrónico, en particular los mercados colaborativos en los que participen usuarios profesionales, los servicios de aplicación de software en línea, como las tiendas de aplicaciones, y los servicios de redes sociales en línea, con independencia de la tecnología utilizada para prestar tales servicios.

  En este sentido, también podrían prestarse servicios_de_intermediación_en_línea por medio de tecnología de asistencia vocal.

  Debe ser irrelevante, asimismo, que esas transacciones entre usuarios profesionales y consumidores impliquen o no algún pago dinerario, o si se completan en parte fuera de línea.

  En cambio, el presente reglamento no debe aplicarse a los servicios_de_intermediación_en_línea entre pares en los que no participen usuarios profesionales, ni a los servicios_de_intermediación_en_línea exclusivamente entre empresas sin oferta a los consumidores, ni a las herramientas de servicios publicitarios en línea ni a los intercambios publicitarios en línea que no se faciliten con el objetivo de propiciar el inicio de transacciones directas y que no incorporen una relación contractual con los consumidores.

  Por el mismo motivo, el presente reglamento no se aplica a los servicios de programas de optimización para motores de búsqueda ni los servicios que se basan en programas de bloqueo de publicidad.

  Las funcionalidades e interfaces tecnológicas que se limitan a conectar el equipo y las aplicaciones no deben ser objeto del presente reglamento, ya que normalmente no cumplen los requisitos de los servicios_de_intermediación_en_línea.

  No obstante, tales funcionalidades o interfaces pueden estar directamente vinculadas o ser accesorias a determinados servicios_de_intermediación_en_línea y, en tal caso, los correspondientes proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea deben estar sujetos a los requisitos de transparencia relacionados con el trato diferenciado basado en estas funcionalidades e interfaces.

  Asimismo, tampoco debe aplicarse a los servicios de pagos en línea, ya que estos por sí mismos no cumplen los requisitos pertinentes, sino que son más bien mecanismos inherentemente complementarios de la transacción para el suministro de bienes y servicios a los consumidores interesados.

(12) De conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y considerando que la dependencia de los usuarios profesionales se ha observado principalmente en relación con los servicios_de_intermediación_en_línea que sirven como puerta de acceso a los consumidores en tanto personas físicas, se ha de entender que el concepto de consumidor empleado para delimitar el ámbito de aplicación del presente reglamento se refiere únicamente a personas físicas, si actúan con fines externos a su comercio, negocio, oficio o profesión.

(13) Habida cuenta del rápido ritmo de la innovación, la definición de motor_de_búsqueda_en_línea empleada en el presente reglamento debe ser neutra desde el punto de vista tecnológico.

  En particular, debe entenderse que la definición incluye también las búsquedas solicitadas mediante voz.

(14) Los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea suelen servirse de cláusulas contractuales preestablecidas, y a fin de proteger a los usuarios profesionales de manera efectiva cuando proceda, el presente reglamento ha de aplicarse cuando las condiciones_generales de una relación contractual, con independencia de su nombre o forma, hayan sido determinadas unilateralmente por el proveedor de los servicios_de_intermediación_en_línea.

  Tanto si se han determinado unilateralmente como si no, las condiciones_generales han de apreciarse caso por caso sobre la base de una valoración general.

  En esa valoración general no deben ser determinantes en sí mismos ni el tamaño relativo de las partes, ni que haya tenido lugar una negociación, ni que algunas disposiciones hayan sido objeto de tal negociación y hayan sido determinadas conjuntamente por el proveedor y el usuario_profesional.

  Además, la obligación de los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea de que sus condiciones_generales sean fácilmente accesibles para los usuarios profesionales, también en la fase precontractual de su relación comercial, implica que los usuarios profesionales no se verán privadas de la transparencia ofrecida por el presente reglamento por el hecho de disponer de alguna posibilidad de celebrar una negociación satisfactoria.

(23) La terminación de todos los servicios_de_intermediación_en_línea y la correspondiente supresión de los datos facilitados para el uso de dichos servicios o generados mediante su prestación, representan una pérdida de información esencial que podría tener un efecto significativo para los usuarios profesionales y mermar su capacidad de ejercer adecuadamente otros derechos que les confiere el presente reglamento.

  Por consiguiente, el proveedor de servicios_de_intermediación_en_línea debe proporcionar al usuario_profesional de que se trate una motivación en un soporte_duradero, al menos 30 días antes de que surta efecto la terminación de la prestación de la totalidad de sus servicios_de_intermediación_en_línea.

  No obstante, dicho plazo de notificación no debe aplicarse, por ejemplo, en aquellos casos en los que el proveedor de servicios_de_intermediación_en_línea tenga la obligación legal o reglamentaria de poner fin a la prestación de la totalidad de sus servicios_de_intermediación_en_línea a un usuario_profesional determinado.

  Asimismo, el plazo de notificación de 30 días no debe aplicarse cuando un proveedor de servicios_de_intermediación_en_línea invoque sus derechos de terminación con arreglo al Derecho nacional y de conformidad con el Derecho de la Unión que permiten la terminación inmediata en el supuesto de que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto y sopesando los intereses de ambas partes, no se pueda esperar razonablemente la continuidad de la relación contractual hasta la terminación acordada o hasta la expiración del plazo de notificación.

  Por último, el plazo de notificación de 30 días no debe aplicarse cuando un prestador de servicios_de_intermediación_en_línea pueda demostrar la infracción reiterada de las condiciones_generales.

  Las distintas excepciones al plazo de notificación de 30 días pueden plantearse, en particular, en relación con contenidos ilícitos o inapropiados, la seguridad de un bien o servicio, la falsificación, el fraude, los programas maliciosos, el spam, las violaciones de la seguridad de los datos, otros riesgos de ciberseguridad o la idoneidad del bien o servicio para los menores.

  Cuando sea razonable y técnicamente viable, y con el fin de garantizar la proporcionalidad, los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea deben excluir únicamente bienes o servicios concretos de un usuario_profesional.

  La terminación de la totalidad de los servicios_de_intermediación_en_línea constituye la medida más severa.

(27) Los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea o de motores de búsqueda en línea no deben estar obligados a revelar el funcionamiento detallado de sus mecanismos de clasificación, incluidos los algoritmos, con arreglo al presente reglamento.

  De la misma forma, tampoco debe mermarse su capacidad para actuar frente a manipulaciones de la clasificación efectuadas de mala fe por terceros, incluso en interés de los consumidores.

  Dichos intereses deben protegerse mediante una descripción general de los parámetros de clasificación principales que permita a los usuarios profesionales y a los usuarios de sitios web corporativos adquirir una comprensión adecuada del funcionamiento de la clasificación en el contexto del uso que hagan de servicios específicos de intermediación en línea o de motores de búsqueda en línea.

  A fin de garantizar el cumplimiento del objetivo del presente reglamento, la toma en consideración de los intereses comerciales de los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea o de motores de búsqueda en línea nunca debe abocar, por tanto, a la negativa a revelar los parámetros principales que rigen la clasificación.

  A este respecto, si bien el presente reglamento debe entenderse sin perjuicio de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), la descripción que se facilite debe basarse, al menos, en datos reales sobre la importancia de los parámetros de clasificación utilizados.

(28) La Comisión debe elaborar orientaciones para ayudar a los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea y de motores de búsqueda en línea a aplicar los requisitos de transparencia de la clasificación establecidos en el presente reglamento.

  De este modo se debe contribuir a optimizar la forma en que se determinan y presentan a los usuarios profesionales y los usuarios de sitios web corporativos los parámetros principales que rigen la clasificación.

(32) En el presente reglamento deben regularse cláusulas contractuales específicas, en particular en situaciones de desequilibrio en el poder de negociación, con el fin de garantizar que las relaciones contractuales se desarrollen de buena fe y se basen en la lealtad de las relaciones comerciales.

  La previsibilidad y la transparencia exigen que los usuarios profesionales tengan la oportunidad real de familiarizarse con las modificaciones de las condiciones_generales, que no deben imponerse con efecto retroactivo, a menos que se basen en una obligación legal o reglamentaria o sean beneficiosas para esos usuarios profesionales.

  Además, se debe ofrecer a los usuarios profesionales claridad en cuanto a las condiciones_generales en las que puede ponerse fin a su relación contractual con los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea.

  Los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea deben garantizar que las condiciones de terminación sean siempre proporcionadas y puedan ejercerse sin dificultad.

  Por último, los usuarios profesionales deben estar plenamente informados del acceso que, tras la resolución del contrato, mantengan los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea a la información que los usuarios profesionales facilitan o generan en el contexto del uso de los servicios_de_intermediación_en_línea.

(35) Esos requisitos no deben entenderse como una obligación de los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea de divulgar o no datos personales o no personales a sus usuarios profesionales.

  Ahora bien, dichas medidas de transparencia podrían contribuir a aumentar el intercambio de datos y a reforzar, como fuente fundamental de innovación y crecimiento, los objetivos de crear un espacio común europeo de datos.

  El tratamiento de datos personales debe respetar el marco jurídico de la Unión para la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, así como para el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en las comunicaciones electrónicas, en particular el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

(38) Los requisitos del presente reglamento relativos a los sistemas internos de tramitación de reclamaciones buscan permitir a los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea contar con un grado razonable de flexibilidad al utilizar dichos sistemas y gestionar las reclamaciones individuales, de manera que se minimice la carga administrativa.

  Además, tales sistemas deben permitir a los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea responder, cuando proceda, de manera proporcionada ante cualquier uso de mala fe que determinados usuarios profesionales pretendan hacer de los sistemas antes mencionados.

  Teniendo en cuenta los costes de establecer y gestionar estos sistemas, resulta apropiado que quede exento de dichas obligaciones todo proveedor de servicios_de_intermediación_en_línea que constituya una pequeña empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (9).

  Las normas en materia de consolidación que se establecen en dicha Recomendación garantizan que se evite una posible elusión.

  Esa exención no debe afectar al derecho que tienen dichas empresas de crear, de forma voluntaria, un sistema interno de tramitación de reclamaciones que cumpla con los criterios establecidos en el presente reglamento.

(39) El uso de la palabra «interno» no debe entenderse como un impedimento para la delegación de un sistema interno de tramitación de reclamaciones en un proveedor de servicios externo u otra estructura empresarial, siempre que ese proveedor u otra estructura empresarial tenga plena autoridad y capacidad para garantizar la conformidad del sistema interno de tramitación de reclamaciones con los requisitos del presente reglamento.

(40) La mediación puede ofrecer a los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea y a los usuarios profesionales que recurren a ellos un medio para resolver los litigios de manera satisfactoria, sin tener que interponer extensos y costosos procedimientos judiciales.

  Por esta razón, los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea deben propiciar la mediación, en concreto, designando al menos a dos mediadores públicos o privados con los que estén dispuestos a colaborar.

  La finalidad de exigir que se designe un número mínimo de mediadores es salvaguardar su neutralidad.

  Solo debe designarse a mediadores que presten sus servicios desde una ubicación fuera de la Unión Europea si se garantiza que el uso de esos servicios no priva en modo alguno a los usuarios profesionales de la protección jurídica que se les ofrezca con arreglo al Derecho de la Unión o al de los Estados miembros, incluidos los requisitos del presente reglamento y el Derecho aplicable en materia de protección de datos personales y secretos comerciales.

  Para que la mediación resulte accesible, equitativa y tan rápida, eficiente y efectiva como sea posible, tales mediadores deben cumplir una serie de criterios.

  No obstante, los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea y los usuarios profesionales deben conservar la libertad de designar conjuntamente a un mediador de su elección después de que haya surgido un litigio entre ellos.

  En consonancia con la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), la mediación prevista en el presente reglamento debe ser un procedimiento voluntario, en el sentido de que las partes son las dueñas del procedimiento y pueden comenzarlo y terminarlo en cualquier momento.

  No obstante su carácter voluntario, los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea deben examinar de buena fe las solicitudes de recurso a la mediación previstas en el presente reglamento.

(41) Los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea deben soportar una proporción razonable de los costes totales de la mediación, teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes del procedimiento en cuestión.

  A tal fin, el mediador debe sugerir la proporción que sea razonable en el caso concreto.

  Teniendo en cuenta los costes y la carga administrativa asociada a la necesidad de designar a los mediadores en las condiciones_generales, resulta apropiado que quede exento de dicha obligación todo proveedor de servicios_de_intermediación_en_línea que tenga la condición de pequeña empresa, en consonancia con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.

  Las normas en materia de consolidación que se establecen en la Recomendación garantizan que se evite una posible elusión.

  No obstante, ello no debería afectar al derecho de dichas empresas a designar en sus condiciones_generales a mediadores que cumplan los criterios establecidos en el presente reglamento.

(42) Dado que a los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea siempre se les debe exigir que designen a los mediadores con los que están dispuestos a colaborar, y que deben actuar de buena fe siempre que intenten llegar a un acuerdo a través de la mediación en virtud del presente reglamento, dichas obligaciones deben establecerse de tal manera que impida que los usuarios profesionales abusen del sistema de mediación.

  Del mismo modo, los usuarios profesionales también han de estar obligados a recurrir de buena fe a la mediación.

  Los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea no deben estar obligados a recurrir a la mediación cuando un usuario_profesional inicie el procedimiento sobre una cuestión en relación con la cual ese usuario_profesional ya había iniciado previamente otro procedimiento de mediación y el mediador había determinado en ese asunto que el usuario_profesional no había actuado de buena fe.

  Los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea tampoco deben estar obligados a acceder a la mediación en el caso de usuarios profesionales que hayan hecho repetidos intentos de mediación con el mediador sin éxito.

  Estas situaciones excepcionales no deben limitar la posibilidad del usuario_profesional de someter un asunto a mediación cuando, según lo determinado por el mediador, el objeto de la mediación no esté relacionado con los casos anteriores.

(44) Varios factores, por ejemplo, la falta de recursos financieros, el miedo a las represalias, y las cláusulas exclusivas de elección de ley y foro en las condiciones_generales, pueden reducir la efectividad de los mecanismos de recurso judicial existentes, sobre todo aquellos que exigen a los usuarios profesionales o a los usuarios de sitios web corporativos que actúen de manera individual e identificable.

  Para garantizar la aplicación efectiva del presente reglamento, debe otorgarse a las organizaciones, las asociaciones que representan a los usuarios profesionales o a los usuarios de sitios web corporativos y a ciertos organismos públicos establecidos en los Estados miembros la posibilidad de ejercitar una acción ante a los órganos jurisdiccionales nacionales de conformidad con el Derecho interno, incluidos los requisitos procesales nacionales.

  Tal acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales debe tener por objeto impedir o prohibir la infracción de las normas establecidas en el presente reglamento, así como evitar daños futuros que podrían socavar las relaciones comerciales sostenibles en el marco de la economía de las plataformas en línea.

  Para asegurar que esas organizaciones o asociaciones ejerciten su derecho de manera efectiva y apropiada, han de cumplir ciertos criterios.

  En particular, han de estar correctamente constituidas según el Derecho de un Estado miembro, no han de tener ánimo de lucro y han de perseguir sus objetivos de manera continuada.

  Estos requisitos deben servir para evitar el establecimiento ad hoc de organizaciones o asociaciones para fines o acciones concretos o para lucrarse.

  Además, debe garantizarse que los terceros que aporten financiación no influyan indebidamente en la toma de decisiones de dichas organizaciones o asociaciones.

(45) Debe comunicarse a la Comisión la identidad de las organizaciones, asociaciones y organismos públicos que, según los Estados miembros, tengan legitimidad para ejercitar una acción con arreglo al presente reglamento.

  Los Estados miembros deben incluir en dicha comunicación una referencia concreta a las disposiciones nacionales pertinentes aplicadas para la constitución de la organización, asociación u organismo público y, en caso necesario, incluir una referencia al registro público pertinente en el que esté registrada la organización o asociación.

  Esta opción adicional de designación por los Estados miembros debe brindar un cierto nivel de seguridad jurídica y previsibilidad en el que puedan confiar los usuarios profesionales y los usuarios de sitios web corporativos.

  Además, tiene como objetivo hacer más eficientes y más breves los procesos judiciales, lo que parece adecuado en este contexto.

  La Comisión debe velar por la publicación de una lista de estas organizaciones, asociaciones y organismos públicos en el Diario Oficial de la Unión Europea.

  La inclusión en esa lista debe servir como prueba refutable de la legitimación activa de la organización, asociación u organismo público que ejercita la acción.

  En caso de que existan dudas sobre alguna designación, debe corresponder al Estado miembro que haya designado a la organización, la asociación o el organismo público realizar la investigación correspondiente.

  Las organizaciones, asociaciones y organismos públicos no designados por los Estados miembros deben tener la posibilidad de ejercitar una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales a reserva del examen de su legitimación activa a la luz de los criterios establecidos en el presente reglamento.

(46) Los Estados miembros deben tener la obligación de velar de forma adecuada y efectiva por el cumplimiento del presente reglamento.

  En los Estados miembros ya existen diversos sistemas de control del cumplimiento, y no se les debe obligar a crear nuevos organismos nacionales a tal efecto.

  Los Estados miembros han de contar con la posibilidad de encomendar el control del cumplimiento del presente reglamento a autoridades existentes, incluidos los órganos jurisdiccionales.

  El presente reglamento no debe obligar a los Estados miembros a disponer que se haga cumplir de oficio o a imponer multas.

(47) La Comisión debe hacer un seguimiento permanente de la aplicación del presente reglamento en estrecha cooperación con los Estados miembros.

  En este contexto, la Comisión debe aspirar a establecer una amplia red de intercambio de información movilizando a los organismos especializados y centros de excelencia pertinentes y al Observatorio de la Economía de las Plataformas en Línea.

  Los Estados miembros deben facilitar a la Comisión, previa solicitud, toda la información pertinente que tengan en este contexto.

  Por último, esta labor debe gozar de la mayor transparencia general en las relaciones comerciales entre los usuarios profesionales y los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea que el presente reglamento pretende lograr.

  A fin de desempeñar con eficacia las funciones que se le encomiendan en los artículos 16 y 18, la Comisión debe esforzarse por recabar información de los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea.

  Los proveedores de servicios_de_intermediación_en_línea deben cooperar de buena fe para facilitar la recogida de estos datos, cuando proceda.

(48) Los códigos de conducta, ya estén elaborados por los proveedores de servicios interesados o por las organizaciones o asociaciones que los representan, pueden contribuir a la aplicación correcta del presente reglamento, motivo por el cual debe alentarse su adopción.

  Al elaborar los códigos de conducta, habiendo realizado consultas con todos los interesados pertinentes, se tomarán en consideración los rasgos específicos de los sectores involucrados, así como las características particulares de las microempresas, pequeñas y medianas empresas.

  Dichos códigos de conducta deben formularse de manera objetiva y no discriminatoria.

(49) La Comisión debe evaluar periódicamente el presente reglamento y seguir de cerca sus efectos en la economía de las plataformas en línea, en particular con vistas a determinar si es preciso realizar modificaciones del mismo a la luz de los avances tecnológicos o comerciales de importancia, y, tras esa evaluación, debe tomar las medidas adecuadas.

  Esta evaluación debe incluir los efectos que para los usuarios profesionales puedan resultar del uso general de disposiciones exclusivas sobre elección de ley y foro en las condiciones_generales determinadas unilateralmente por el proveedor de los servicios_de_intermediación_en_línea.

  A fin de obtener una visión amplia de la evolución del sector, la evaluación debe tener en cuenta las experiencias de los Estados miembros y los interesados pertinentes.

  El Comisión debe evaluar periódicamente grupo de expertos del Observatorio de la Economía de las Plataformas en Línea, creado de conformidad con la Decisión C(2018)2393 (11) de la Comisión, desempeña un papel fundamental a la hora de informar a la Comisión a los efectos de la evaluación que esta debe hacer del presente reglamento.

  Por lo tanto, la Comisión debe tener debidamente en cuenta los dictámenes e informes que le presente el grupo.

  Tras la evaluación, la Comisión debe adoptar las medidas oportunas.

  Otras medidas, incluidas las legislativas, podrían ser apropiadas en caso de que las disposiciones establecidas en el presente reglamento resulten insuficientes para corregir adecuadamente los desequilibrios y las prácticas comerciales desleales que persistan en el sector.

(50) Cuando se facilite la información requerida en virtud del presente reglamento, se tendrán en cuenta en la medida de lo posible las necesidades particulares de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (12).

(51) Dado que el objetivo del presente reglamento, a saber, asegurar un entorno comercial en línea equitativo, predecible, sostenible y confiable, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.

  De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(52) El presente reglamento busca garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial tal como establece el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como promover la aplicación de la libertad de empresa tal como se establece en el artículo 16 de la Carta,